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   El Gobierno da una nueva vuelta de tuerca a la Ley de Propiedad Intelectual -más conocida como ley Sinde- con una reforma que limita la copia privada, endurece las sanciones a las páginas webs infractoras buscando su asfixia económica, posibilita el cierre de los sitios de enlace y aboga por la transparencia de las entidades de gestión. Toda una batería de medidas para tratar de salvaguardar los derechos de autor que, sin embargo, no ha convencido al sector.
   El punto más polémico del anteproyecto aprobado ayer en el Consejo de Ministros es el que limita el concepto de copia privada a la realizada por «una persona física para su uso privado, no profesional ni empresarial». Además, esta reproducción solo se podrá hacer «a partir del soporte original de la copia de la obra adquirida en propiedad por compraventa comercial». Se permite la grabación mediante radiodifusión «únicamente con el propósito de permitir su visionado o audición en un momento temporal más oportuno». Por su parte, las descargas legales a través de la Red quedan fuera de los límites de copia privada y tendrán la consideración de copia licenciada.
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Exigimos la retirada de la Ley Lassalle y la apertura de un diálogo equilibrado, moderado por un mediador neutral, entre las autoridades, ciudadanía en general, artistas, creadores e industria, con el objetivo discutir sobre las auténticas reformas necesarias en la LPI en un diálogo abierto y honesto.
   Ante el lento proceso administrativo para resolver las denuncias de vulneración de derechos de autor y el cierre de las webs de descarga ilegal -muy difícil de acelerar sin poner en riesgo la tutela judicial efectiva- el Ejecutivo opta por un cambio de estrategia centrado en la asfixia económica de estos sitios. Para empezar, se endurecen las sanciones, que oscilarán entre los 30.000 y 300.000 euros. Además, la normativa tratará de eliminar la publicidad de estas webs. «Se puede forzar la prohibición de incluir publicidad en este tipo de servicios», aseguró el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
   Otra importante novedad es que el anteproyecto pone en el punto de mira a las páginas de enlace que «de manera activa» contribuyan a facilitar el acceso a las webs de descargas ilegales. Esto significa que podrán ser denunciadas y cerradas en caso de infracción. Sin embargo, quedan exentas de esta medida los motores de búsqueda como Google porque, según Wert, «no actúan de manera maliciosa» al enlazar a algunas de estas páginas.
   El anteproyecto nace con una amplia oposición dentro del sector. La SGAE criticó duramente la reforma al considerar que perjudica a los ciudadanos «al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada». Unas críticas que compartió la Asociación de Internautas al denunciar que la normativa «universaliza el pago del canon digital, limita el concepto de copia privada y criminaliza el enlace».
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